Tejido Urbano opina en AREA URBANA: Proyectos para potenciar localidades

Los datos del último censo muestran que se paralizó el crecimiento del Gran Buenos Aires (GBA), debido a que el área está saturada y la escasa oferta de terrenos. En respuesta a esta problemática generalizada a nivel país, en los últimos años hubo una tendencia a volver a las pequeñas ciudades o vivir en el campo, gracias a programas que incentivan tanto a jóvenes como a familias a elegir sus localidades. 

En Argentina se produce una paradoja que se da en pocas partes del planeta. Si bien es un país riquísimo en cuestión de suelo, ya que está entre los diez países más grandes del mundo con una superficie de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, tiene una densidad de población muy baja (17 habitantes por km cuadrado) y, sin embargo, no tiene suficientes viviendas.

En pleno siglo XXI, Argentina aún continúa con un alto déficit habitacional, algo que data desde hace décadas y que ya atraviesa a varios gobiernos, con soluciones parciales y distintos proyectos que suelen ofrecer tierras a cambio de distintos incentivos. En un país con 46 millones de habitantes, y en base a los datos provisorios del Censo 2022, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), existen 17,8 millones de viviendas particulares, lo que, de acuerdo con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), deja al menos a 4 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada: “el 25% de los hogares no goza de un derecho humano reconocido por pactos internacionales y por nuestra Constitución Nacional”, detalla la institución.

Los datos del último censo realizado en Argentina muestran un aumento de viviendas del 28,5% con respecto a los del Censo 2010, cuando se detectaron 13,8 millones. Es decir que en 12 años hubo un crecimiento de 4 millones. En relación a la población, se incrementó en un 14,8%: de más de 40 millones en 2010, se pasó a más de 46 millones de habitantes en 2022. De ellos, el 92%, es decir, 9 de cada 10 habitantes, vive en ciudades. En Latinoamérica, ese promedio es de 8 de cada 10.

Los datos del censo van más allá, y muestran que el 65,5% de la gente es dueña de la vivienda que habita: “La vivienda brinda seguridad y protección ante los factores climáticos, pero además garantiza el espacio para descansar, alimentarse, higienizarse, realizar actividades de esparcimiento e interactuar con sus pares. El acceso a una vivienda digna es el punto de partida para el desarrollo de las personas”, expuso el director del INDEC, Marco Lavagna.

De acuerdo a datos recopilados por la fundación Tejido Urbano, entre 2010 y 2022, y a través de distintos programas, el Estado construyó unas 24.000 viviendas por año, lo que representa el 13,7% de todas las construidas.

Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación, le explica a AreaUrbana. “Hay un déficit importante de viviendas en Argentina, debido en parte a una desarticulación muy grande entre el Estado y los proyectos privados para la construcción de viviendas. Desde la Tejido Urbano notamos que si bien se hablaba mucho sobre el tema, se disponía de poca información y datos fehacientes, así que empezamos a trabajar y vimos que es el mercado el que lleva adelante la mayoría de los proyectos de urbanización en la Argentina”.

Álvarez de Celis también comenta que “en nuestro país hay un crecimiento marcado de los barrios populares y de lo que llamamos mancha urbana, es decir la expansión de la población hacia terrenos cercanos a las ciudades pero que no cuentan con servicios básicos. Las causas de esto suelen ser la búsqueda de trabajo y del acceso a educación o la salud”. Igualmente, los datos del último censo muestran, por primera vez desde los últimos 5 censos, que se paralizó el crecimiento del Gran Buenos Aires (GBA). “Eso se debe a que el área está saturada, debido a la expansión de los barrios populares y de la escasa oferta de terrenos, y que a su vez empieza a darse el fenómeno del crecimiento en otros lugares. Algunos de ellos son en la Patagonia: Río Grande y Ushuaia, en Tierra del Fuego, acompañado del impulso del trabajo en las fábricas locales; Puerto Madryn y otros lugares en donde hay oportunidades de empleo”, aclara.

Distintos proyectos a lo largo de los años intentaron paliar esta situación a través de la oferta de terrenos, pero con resultados moderados.

El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) creado por la Ley Nacional N° 24.464. La misma establece la creación del Sistema Federal de la Vivienda, compuesto por el FONAVI, los Organismos Ejecutores Provinciales (Institutos Provinciales de Vivienda -IPVs- o similares) y el Consejo Nacional de la Vivienda.

Nacido con el objetivo de financiar total o parcialmente la compra y/o construcción de terrenos, viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y equipamiento comunitario, desde su puesta en marcha en 1977 y hasta 2003, el FONAVI creó unas 40.000 viviendas.

Por otro lado, desde 2012 se puso en marcha el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), iniciativa que, junto con el Plan Nacional de Suelo Urbano, promueve precisamente la generación de suelo urbano para la construcción de viviendas y planificación de ciudades. PROCREAR cuenta con una línea específica llamada Lotes con Servicios, que otorga terrenos para quienes se hayan inscripto, cumplan todos los requisitos y hayan salido sorteados oportunamente. Para este fin se asignaron terrenos de varias dependencias del Gobierno Nacional ubicados en casi todas las provincias: tierras no utilizadas dependientes del ferrocarril o dependencias militares, de hasta 180 hectáreas y mayormente de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se entregaron más de 180 mil créditos para construcción y adjudicaron unas 130 mil viviendas con el Procrear II en el período 2020-2023, al tiempo que suma 530 mil soluciones habitacionales desde el lanzamiento del programa en 2012. “Procrear es un sello de calidad para los argentinos, con un sistema de trabajo que garantiza transparencia, accesibilidad y carácter federal”, sostuvo el secretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini.

A su vez, y de acuerdo a lo observado por Tejido Urbano, entre 2012 y 2023 se realizaron 141 proyectos con 43.296 viviendas (19.161 finalizadas). En total, en los 11 años del programa se realizaron unas 23.000 viviendas, un promedio de 2136 viviendas por año.

Asimismo, se encuentran en ejecución 14.264 viviendas en 52 emprendimientos y se encuentran adjudicadas para su construcción 5199 viviendas en 19 localizaciones.

Además, en PROCREAR también está incluida la línea Casa Propia – Construir Futuro, a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que nació con la idea de construir 120.000 viviendas entre 2021 y 2023. Hasta el momento lleva 110.515 entre viviendas entregadas, en ejecución, con proyectos aprobados y en evaluación. Debido a la alta demanda y al estiramiento de los plazos de ejecución, se decidió prorrogar el programa hasta 2026.

Por su parte, el programa Lote.ar, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social, tiene como objetivo la creación de nuevo suelo urbano para la generación de lotes con servicios destinados a los sectores populares, con finalidad de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Esta iniciativa fue profundizada en septiembre último con el anuncio del Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), lanzado con la idea de conocer a personas y familias de los barrios y sectores populares de todo el país que necesitan acceso al suelo. Durante el acto de lanzamiento, el entonces Ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo que “tiene que ver con un programa de articulación que permita construir en 4 años 4 millones de lotes con servicios”.

En principio, el programa pretende llegar a 1 millón de lotes con servicios destinados a las familias de sectores populares. Según las características que se anunciaron, la idea es que la gente pueda acceder a su propia casa así como desarrollar su propio programa de agricultura familiar. El organismo que asignará las tierras para el programa será la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).