Para los jubilados que no pudieron acceder a la vivienda propia, la situación se vuelve crítica. Sus ingresos suelen ser significativamente menores que los de la población económicamente activa, lo que limita su capacidad de afrontar gastos como el alquiler. En muchos casos, deben destinar una porción considerable de sus ingresos a la vivienda, lo que afecta su capacidad para cubrir otras necesidades básicas como la salud y la alimentación.
Impacto de la “inquilinización” en los adultos mayores
La creciente tendencia de los adultos mayores a depender del alquiler privado afecta de manera significativa su calidad de vida. Según los datos disponibles, el 40,52% de los adultos mayores que viven solos se encuentra en el primer decil de ingresos, es decir, el más bajo, lo que refleja una situación de extrema vulnerabilidad. A su vez, el 72,7% de los jubilados unipersonales pertenece a los primeros cuatro deciles de ingresos, lo que confirma que una gran parte de esta población enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.
El Alquiler Social no solo abordaría el problema económico, sino que también brindaría una mayor seguridad y estabilidad para aquellos jubilados que hoy viven en condiciones precarias.
Alquiler Social: una propuesta con potencial
Ante esta realidad, la Fundación Tejido Urbano y otras organizaciones han propuesto alternativas habitacionales para enfrentar este fenómeno creciente. Una de las más destacadas es el alquiler social, un sistema en el que el Estado o instituciones sin fines de lucro ofrecen viviendas a precios accesibles para personas de bajos ingresos.
“Desde el PAMI se han implementado algunas políticas sin llegar a ser masivas. El alquiler social, sería un punto de arranque, pero sobre todo la contención y el seguimiento de cada adulto mayor para monitorear su situación particular”, añade Fernando Alvarez de Celis, director de Tejido Urbano.
El Programa Nacional de Alquiler Social, establecido bajo el Título III de la ley de alquileres, tenía como objetivo facilitar el acceso a una vivienda digna mediante un sistema de alquiler formal. La ley -derogada en diciembre por el gobierno de Javier Milei-designaba al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría de Vivienda, como el ente encargado de la implementación del programa. Sin embargo, a pesar de su potencial para mejorar la situación habitacional de muchos sectores vulnerables, la iniciativa nunca logró consolidarse.
En 2023, la derogación de la Ley Nacional de Alquileres generó un mayor obstáculo para la implementación de medidas de alquiler social. Sin embargo, organizaciones como Hábitat Argentina continúan su campaña Alquiler Social YA, visibilizando la problemática de quienes no pueden acceder a alquileres adecuados. A su vez, el Grupo Promotor por el alquiler social ya comenzó a trabajar en el tema, buscando soluciones que permitan retomar el proyecto durante 2024 y revertir la actual situación.
