En Argentina, hay más de 359.000 adultos mayores que dependen de poder pagar un alquiler para tener un techo donde vivir. Más de la mitad del total viven solos y el 41% de ese grupo se encuentra en el primer decil de ingresos, es decir, el más bajo de todos.

Por Eugenia Rodrígez

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En Argentina, hay más de 359.000 adultos mayores que dependen de poder pagar un alquiler para tener un techo donde vivir. Esta cifra representa el doble que hace 20 años atrás. Más de la mitad del total viven solos y el 41% de ese grupo se encuentra en el primer decil de ingresos, es decir, el más bajo de todos. Al respecto, si la jubilación mínima apenas supera los $230.000 y la Canasta Básica Alimentaria para un adulto mayor se estima entre $80.000 y $100.000, se hace evidente que el margen económico de quienes además son inquilinos es reducido, dejando escaso espacio para la subsistencia cotidiana.

Este panorama evidencia que una parte significativa de la población adulta mayor no logró acceder a la vivienda propia a lo largo de su vida, lo que derivó en la permanencia en el mercado de alquiler o, en algunos casos, en formas de tenencia aún más inestables y precarias de vivienda. El fenómeno de la inquilinización en la tercera edad afecta directamente las necesidades habitacionales y económicas de este sector social: “Si bien la mayoría cuenta con algún tipo de cobertura en salud, como obra social o PAMI, y un pequeño porcentaje accede a sistemas prepagos, el rol de las transferencias directas del Estado en sus ingresos es crucial. Queda en evidencia que las políticas actuales son insuficientes para enfrentar las dificultades habitacionales de esta población”, expresaron desde Fundación Tejido Urbano desde donde relevan la situación del déficit habitacional en nuestro país.

Mientras más de 30 millones de personas no tienen hoy lo suficiente para sobrevivir y llegar a fin de mes en nuestro país, hay un segmento de la población que sufrió el impacto directo de las medidas de recorte del gasto implementadas por el gobierno de Javier Milei, sumado a la liberación desregulada de precios y desmantelamiento estatal: en el grupo etario de 65 años y más, la pobreza alcanzó al 29,7% de las personas en el primer semestre de 2024, lo que implica tres veces más que el promedio nacional y un aumento de 16,5 puntos contra el mismo trimestre de 2023, mientras que en la indigencia aumentó 2,4 puntos (pasó de 1,6% a 4%). Esto significa que hay más de millón de personas de la tercera edad en situación de pobreza, es decir, que no tienen lo básico para hacer frente a sus necesidades esenciales de alimentos y pago de algunos servicios.

Inquilinización de adultos mayores

La población mayor de 60 años en Argentina alcanza los 4.965.057 individuos, de los cuales 359.754 son inquilinos. Esto representa el 7,3% de la población adulta mayor y el 6,6% del total de inquilinos a nivel nacional. Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y desde donde destacaron que, si se mira en el tiempo se observa que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de adultos mayores que alquilan en el país, al pasar de un total de 164.081 en 2004 a los más de 350 mil actuales. 

Otro dato importante tiene que ver con que más del 33% de los adultos mayores inquilinos (121.265 personas) nacieron en otra provincia o país, y se asentaron en diferentes ciudades en busca de oportunidades laborales o mejor calidad de vida pero “sin lograr consolidar un acceso seguro a la propiedad de la vivienda”.

De acuerdo a los investigadores al indagar en las condiciones de vida de esos hogares se desprenden un conjunto de vulnerabilidades. El 51,3% vive solo/a o con su cónyuge, ambos pertenecientes a la tercera edad. Esto equivale a aproximadamente 184.711 personas que habitan en hogares unipersonales o pequeños núcleos familiares. Además, dentro de este grupo, hay una marcada “feminización de la soledad” ya que el 57,4% de quienes viven solas son mujeres. Este dato es relevante si se tienen presente las mayores dificultades que enfrentan las mujeres tanto por la precarización laboral y menor inserción en el mercado de trabajo remunerado durante la vida activa como por sus repercusiones en la vida pasiva. “En su mayoría viudas o con redes de apoyo limitadas, pueden y verse más expuestas a desafíos relacionados con el aislamiento social y dificultades económicas y de salud”, advirtió el informe.

Al poner la lupa en los ingresos en estos hogares se refleja que el 40,5% de las y los adultos mayores que viven solos se encuentra en el primer decil de ingresos, es decir, el más bajo. Al considerar los cuatro primeros deciles que agrupan a los sectores de menores recursos, el porcentaje escala al 72,7% de los adultos mayores. “Estos datos sugieren que gran parte de esta población enfrenta no solo el aislamiento social, sino también dificultades significativas para satisfacer sus necesidades básicas”, señalaron desde Tejido Urbano.

“No basta con garantizar el acceso a una vivienda, es necesario asegurar que dicha vivienda sea adecuada y adaptada a las necesidades de los adultos mayores. La creciente inquilinización de la vejez indica que, además de cobertura de salud y transferencias económicas, se requiere una política habitacional focalizada en esta población. Esto implica no solo proporcionar un techo, sino también generar alternativas de vivienda que respondan a los desafíos específicos de esta etapa, tales como la soledad, la movilidad reducida y la precariedad económica”, plantearon desde la organización.

Diferencias por provincias

Al analizar la situación de acuerdo con la realidad de las diferentes jurisdicciones se advierten disparidades a nivel territorial. De acuerdo con el informe, mientras que provincias como Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero y Resistencia presentan una baja proporción de personas mayores que alquilan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta proporción es considerablemente más alta. Otras ciudades como La Plata, Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Río Gallegos también registran una proporción relevante de adultos mayores inquilinos, fenómeno que puede vincularse con “procesos históricos de migración interna que impulsaron el crecimiento urbano en décadas pasadas”.

A su vez, en aquellas regiones con una menor proporción de inquilinos, como San Miguel de Tucumán, donde solo el 5% de los adultos mayores alquila, se observa una elevada incidencia de viviendas en situación irregular. Más del 20% de los adultos mayores en estas zonas reside en condiciones de informalidad habitacional, lo cual implica la ausencia de acceso formal a servicios básicos y falta de seguridad jurídica en la tenencia. Este dato refleja la existencia de un problema habitacional estructural que afecta tanto a quienes no han logrado acceder a la propiedad como a quienes viven en condiciones precarias.

“Un desafío crítico identificado es la falta de articulación entre los diferentes niveles del Estado. Si bien existen programas locales y nacionales para paliar las dificultades habitacionales de los adultos mayores, no hay una estrategia común que aborde el problema de manera integral, considerando tanto las particularidades territoriales como las necesidades específicas de esta población”, plantearon desde Tejido Urbano y agregaron que “ciudades con mayores tasas de inquilinos como Buenos Aires, La Plata y ciertas localidades patagónicas, requieren políticas focalizadas que no solo garanticen el acceso a una vivienda, sino que aseguren su adecuación a las condiciones físicas, económicas y emocionales de los adultos mayores”.

Asimismo, “regiones del país con altas tasas de tenencia irregular en la tercera edad, necesitan soluciones que consideren tanto la vulnerabilidad económica como la configuración socio urbana. Además, se deben generar incentivos para facilitar el acceso al crédito y la planificación del desarrollo urbano. Alternativas como el alquiler asistido, las viviendas de convivencia generacional y los programas de mejoramiento habitacional podrían ser un punto de partida para pensar con mayor responsabilidad el futuro de la vivienda para los adultos mayores”, cerraron.

En cuanto al acceso a la jubilación, un 18% de los adultos mayores inquilinos no percibe este beneficio debido a que aún se encuentra en actividad. “Para aquellos que han cesado su actividad laboral, la jubilación es su principal fuente de ingresos, aunque su impacto varía significativamente según el nivel de ingresos. En los deciles más bajos, la jubilación representa prácticamente la única fuente de recursos, mientras que en los deciles más altos se complementa con otros ingresos, lo que refleja una diferencia marcada en la capacidad de afrontar los costos de la vejez”, describieron. Considerando un ingreso mensual promedio en torno a los $270.000, el peso del alquiler ocupa una proporción considerable del total de recursos para subsistir, es por esto que “resulta preocupante determinar cuánto dinero queda disponible para cubrir otras necesidades básicas, como la alimentación y los medicamentos, después de pagar el alquiler”.

La Canasta Básica Alimentaria para un adulto mayor se estima entre $62.000 y $77.635 para mujeres, y entre $76.700 y $96.000 para hombres. Con estos costos en mente, el margen económico de los adultos mayores inquilinos es reducido, dejando “escaso espacio para gastos imprevistos o mejoras en su calidad de vida. La insuficiencia de recursos después de cubrir”.