Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, señaló a Infobae que la situación de los adultos mayores inquilinos es especialmente delicada. “Además de la vulnerabilidad económica, enfrentan mayores problemas para asegurar una vivienda estable y accesible. El incremento de inquilinos en este grupo no solo muestra la falta de acceso a la propiedad, sino también la permanencia de formas de tenencia precaria, como la ocupación irregular o la vivienda en barrios populares”, señaló.

La ciudad de Buenos Aires presenta la proporción más alta de adultos mayores inquilinos, seguida por ciudades como La Plata, Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Río Gallegos. Este patrón se vincula con procesos históricos de migración interna que impulsaron el crecimiento urbano en décadas pasadas. Este proceso en ciudades desarrolladas responde a factores económicos, sociales y migratorios.

Este fenómeno acompañó cambios sociales como el aumento de la esperanza de vida y la autonomía de la mujer, creando nuevos perfiles de inquilinos. “Quienes no accedieron a la propiedad durante su vida laboral permanecen en el alquiler hasta la tercera edad, enfrentando mayor vulnerabilidad económica y limitaciones en estabilidad y calidad de vida,” explicó Araujo.

Las ciudades con mejor infraestructura en salud, transporte y servicios recreativos brindan una mayor calidad de vida para los adultos mayores. En contraste, en lugares como Tucumán o Santiago del Estero, la falta de un mercado de alquiler consolidado los empuja a formas de vivienda más precarias.

Más del 33% de los adultos mayores inquilinos nacieron en otra provincia o país, migrando en busca de mejores oportunidades, pero sin lograr acceso a una vivienda propia. En regiones como Corrientes, Catamarca o Santiago del Estero, muchos viven en condiciones irregulares sin acceso a servicios básicos.

En ciudades más desarrolladas como Buenos Aires y La Plata, el alto costo de las viviendas y la falta de redes sociales mantuvieron a muchos migrantes como inquilinos por años. Araujo, de la Fundación Tejido Urbano, destaca que los migrantes externos enfrentan aún más dificultades para acceder a la propiedad, lo que los deja en una situación vulnerable en la tercera edad.

Un 40,52% de los adultos mayores que viven solos están en el primer decil de ingresos (esto es, son parte del 10% más pobre de la sociedad, por nivel de ingreso), y el 72,7% en los cuatro primeros (40% más pobre). Además, el 18% no recibe jubilación por seguir en actividad, mientras que quienes sí perciben jubilación dependen de ella como principal sustento.

El costo del alquiler representa una carga pesada para los adultos mayores, cuyos ingresos mensuales oscilan entre $135.000 y $276.500. Después de cubrir el alquiler, el margen económico para satisfacer necesidades básicas como alimentación y medicamentos es muy reducido. La Canasta Básica Alimentaria para un adulto mayor varía entre $62.000 y $96.000, dependiendo del género, lo que deja poco espacio para gastos imprevistos.

Según Inquilinos Agrupados, la Canasta Básica Total Inquilina (CBTI) de septiembre 2024 mostró un aumento del 6,1% para hogares unipersonales, del 5,7% para parejas, y del 5,3% para familias de cuatro integrantes en comparación con agosto. Los valores quedaron en $765.963 para el hogar unipersonal, $1.226.854 para una pareja, y $1.742.877 para una familia de cuatro integrantes.

Las políticas actuales no abordan de forma integral las necesidades habitacionales de los adultos mayores. Aunque existen subsidios y programas, como los del PAMI entre 2016 y 2019, estos solo llegaron a una pequeña parte de la población vulnerable.

Araujo agregó: “La falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado agrava el problema. Ciudades con altas tasas de adultos mayores inquilinos, como Buenos Aires, requieren políticas específicas que no solo ofrezcan un techo, sino viviendas adaptadas a sus condiciones físicas y económicas”.

Es necesario desarrollar una política habitacional enfocada en la vejez, que aborde no solo la vivienda, sino también temas como la soledad, movilidad y precariedad económica. “La cooperación entre gobiernos nacionales y provinciales es clave para lograr una solución integral”, acotó.

Con el aumento del costo de los alquileres, “es fundamental preguntarnos qué porcentaje de los ingresos de los adultos mayores inquilinos se destina a la vivienda y, sobre todo, qué tipo de viviendas pueden permitirse”, dijo Araujo.

Tras pagar el alquiler, a los adultos mayores les queda poco margen para cubrir necesidades básicas como alimentación y salud, afectando su calidad de vida. Esto resalta la necesidad urgente de políticas habitacionales integrales que vayan más allá de las pensiones y la cobertura médica.

Los gobiernos locales deben asumir un rol clave, especialmente en áreas con alta concentración de adultos mayores inquilinos, como CABA. Se necesitan estrategias que involucren a centros de jubilados, fomenten la convivencia intergeneracional y fortalezcan los programas de alquiler y viviendas adaptadas.

Araujo concluyó: “Es vital que los gobiernos y la sociedad civil colaboren para crear oportunidades de vivienda adecuadas para los adultos mayores, combinando crédito accesible, mejoramiento habitacional y control sobre las condiciones de los más vulnerables”.