LEY DE GUETOS EN DINAMARCA

El gobierno danés impulsa la relocalización de residencia inmigrante en zonas con presencia de altos indicadores de vulnerabilidad social y económica. A partir de un proyecto que reorganiza la oferta de alquiler social y mixtura la ocupación del suelo urbano ante el riesgo de las “sociedades paralelas”.

A partir del año 2018, Dinamarca ha tomado una intervención novedosa con la sanción de la Ley de Guetos (“Ghettoplan”). Dicha normativa impulsada por la socialdemocracia define a los enclaves mayoritariamente habitados por inmigrantes no occidentales o daneses de filiación migrante como “sociedades paralelas”. La administración danesa lleva identificados un total de 28 complejos bajo esta caracterización, en un país que ostenta un 15% de población inmigrante y descendientes de inmigrantes. Entre ellos se destaca Mjølnerparken, un complejo habitacional de 1.500 residentes del popular barrio de Nørrebro en la ciudad de Copenhague. Según la Agencia de Estadísticas Nacional, los países de mayor procedencia son Turquía, Polonia, Rumania, Siria y Ucrania. De acuerdo a la normativa vigente, además de la caracterización migratoria de sus habitantes los criterios específicos que definen a un gueto son: la tasa de desempleo, el nivel de educación, los índices de escolarización y los niveles de criminalidad.

Sumado a la identificación de los complejos de residencia, la ley dispone la implementación de relocalizaciones. El objetivo es desarticular los núcleos de residentes migrantes, propiciar su demolición, disponibilizar el suelo al mercado y ordenar una mixtura socio cultural distribuida en la urbanidad danesa. La normativa comprende un marco de opciones residenciales para garantizar el acceso a la vivienda de los grupos poblacionales alcanzados.

Dichas gestiones son implementadas por las mismas agencias que regentean los alquileres de vivienda pública en Dinamarca. Dichas dependencias se encargan de notificar, facilitar las nuevas locaciones y proceder con la demolición. Tal es el caso de Bo-Vita^[1], empresa que tiene en su cartera 60 complejos de 5.800 inmuebles en administración. La ley exige un reordenamiento de la oferta del alquiler social por barrio, cuya proporción no debe superar el 40% para el año 2030. De acuerdo a estimaciones oficiales, se planifica vaciar o demoler más de 4.000 unidades de vivienda pública según su ubicación y característica edilicia. A la fecha al menos 430 ya han sido demolidas. Se estima un total de 11.000 personas afectadas.

En términos de Mette Frederiksen, Primera Ministra de Dinamarca, la normativa impulsa principalmente un plan de “asimilación cultural“. Resguardar el ordenamiento estatal y cultural de la sociedad danesa es el mandato cívico que subyace. Con fuertes discursos públicos, la actual gestión danesa argumenta que la proximidad y concentración física de la diversidad religiosa y cultural que propician las migraciones, principalmente de origen musulmán, atenta contra el sostenimiento de los estándares socioeconómicos que ha conquistado el Estado de Bienestar en Dinamarca. Nos referimos al tercer país con mayor PBI per cápita de la Unión Europea, con una tasa del 17% de su población que presenta riesgos de pobreza, una inflación anual de 3,4% y con políticas urbanas que se reparten entre los cargos por inmueble ocioso y la asistencia económica para los alquileres de vivienda pública.

Gellerup, es un barrio icónico en relación a las disposiciones de la Ley de Guetos. Ubicado en la ciudad de Aarhus, hacia los años 70 fue una construcción de vanguardia provista por el arquitecto modernista Knud Blach Petersen. Bajo el slógan Det er godt at bo godt (Es bueno vivir bien), el barrio se ordenó en función de amplios departamentos con calefacción central, ascensores y espacios verdes de recreación para población obrera. Ese impulso de una época próspera para el país, en la actualidad reseña una realidad totalmente distinta. Gellerup es uno de los barrios catalogados como guetos por la administración danesa y en plan de demolerse bajo los fundamentos de la normativa vigente. El 39,7% de tasa de desempleo, el 73,3% de habitantes inmigrantes y el 2,2% de condenados por delitos en relación a armas y estupefacientes dan el revés al proyecto que hace algunos años encarnó una utopía para los sectores medios.

Desde hace casi dos años se han agudizado los litigios judiciales por parte de grupos organizados de residentes que han optado por interponer acciones frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre ellos se destaca el grupo Almen Modstand, quienes se definen como una plataforma extra parlamentaria y partidista neutral en contra del denominado paquete legislativo que impulsa el gobierno bajo la leyenda “Una Dinamarca sin sociedades paralelas, sin guetos en 2030“^[1]. Si bien la normativa pone el foco sobre la reorganización de la residencia migrante en las ciudades, en favor del sostenimiento de las políticas de seguridad social y estándares de calidad de vida, el eje de las demandas sostiene que acuña acciones de discriminación racial, estigmatización y segregación hacia la población.

^[1] Véase: https://bo-vita.dk/

^[2] Historiador del Archivo Histórico Local de Brabrand-Årslev. Fuente: https://www.elmundo.es

^[3] Para conocer sobre los fundamentos y actividades de esta organización, véase: https://www-almenmodstand-dk/