Un informe de la Fundación Tejido Urbano señaló que la cantidad de personas de la tercera edad inquilinas son el doble que hace dos décadas. Pero, además, quienes no pueden pagar los costos de un alquiler, se internan en hogares estatales para evitar estar en situación de calle.

Por: Agustina Bordigoni

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El porcentaje de jubilados que alquila se duplicó en los últimos 20 años, según un informe de la Fundación Tejido Urbano. Pero también va en aumento la cantidad de personas que, ante la imposibilidad de afrontar los costos de pagar un alquiler, recurren a geriátricos estatales.

“En los hogares públicos hay mucha gente que termina internada porque no puede sostener su vida. Hay, entre comillas, ‘enfermos sociales’, que están en perfectas condiciones para manejarse por sus propios medios, pero no tienen capacidad económica de mantenerse”, explicó a PERFIL Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. “Son cada vez una mayor cantidad”, agregó.

El alquiler representa el 22% de la canasta de un jubilado, que según los cálculos de la Defensoría es de $ 912.584. Una jubilación mínima –que con el bono hoy asciende a $ 314.320,56– alcanza apenas para pagar los gastos de una pensión, que hoy rondan los $ 200.000 mensuales, explicó a este medio el gerontólogo.

“Ayudamos con las internaciones nosotros mismos, porque si no el otro destino es la calle”, agregó.

El informe de Tejido Urbano se basa en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que, para el primer trimestre de 2024, informó que hay más de 359 mil adultos mayores que alquilan. Esta cifra es, en porcentaje, el doble que hace dos décadas: un fenómeno que en el documento nombran como “inquilinización” de la tercera edad. Esto representa el 7,2% de la población adulta mayor y el 6,5% del total de inquilinos del país.

Otro dato que destaca el estudio es que “el 51,3% de esta población vive solo o con su cónyuge, ambos pertenecientes a la tercera edad” y que dentro de este grupo se produce un marcado fenómeno de “feminización de la soledad”: el 57,4% son mujeres.

El fin de la moratoria previsional, que se desprende de los cálculos presupuestarios del Gobierno para 2025, afectaría sobre todo a este grupo: por el desigual acceso al mercado de trabajo y la menor posibilidad que tienen las mujeres para completar los 30 años de aportes, 9 de cada 10 tuvo que recurrir a este instrumento para obtener una jubilación.

“El 40,5% de los adultos mayores que viven solos se encuentra en el primer decil de ingresos, el más bajo, lo que indica una situación económica muy frágil”, explican. Y, “al considerar los cuatro primeros deciles, que agrupan a los sectores de menores recursos, se observa que el 72,7% de los hogares unipersonales se ubica en esta categoría de ingresos bajos”.

Con el bono compensatorio, que está congelado desde marzo y seguirá así según lo previsto en el Presupuesto 2025, la situación podría empeorar. “Lo que se está consolidando es una decisión política: que el bono se extinga como tal”, opinó Semino. “Se va diluyendo con el haber, por lo que el ajuste real sobre las jubilaciones es menor a la inflación. Del 3,5% de la última actualización en términos reales llega el 1,2%”, detalló.

De marzo a octubre, meses en los que el bono se mantuvo en $ 70.000, el complemento pasó de representar el 34% al 22,2% del total de un haber mínimo.

El alto costo de los alquileres y su gran impacto como porcentaje de los haberes, señalan desde Tejido Urbano, “plantea interrogantes sobre el tipo de vivienda al que pueden acceder con estos ingresos, y si es posible que dicha vivienda garantice una calidad de vida adecuada”. Además, “resulta preocupante determinar cuánto dinero queda disponible para cubrir otras necesidades básicas, como la alimentación y los medicamentos, después de pagar el alquiler”.

El dilema sobre afrontar los gastos de una vivienda o el resto de las necesidades básicas no es exclusivo de los inquilinos. “El costo de mantener un departamento de propiedad horizontal es altísimo. Los departamentos que tenemos los adultos mayores son antiguos, de mucho metraje, lo que supone expensas mucho más altas”, comentó el defensor de la tercera edad.

“Uno supone, por ejemplo, que un adulto mayor que vive en Recoleta no tiene problemas económicos, pero tiene muchísimos, porque hoy no puede mantener el inmueble”.

Por eso, cada vez más jubilados que son propietarios concurren a comedores. “O mantienen el inmueble o comen”, señaló.

Según un estudio de Octopus PropTech, las expensas aumentaron un 133% en el año, más de 30 puntos porcentuales por encima de la inflación general acumulada, que según el Indec fue de 101,6% en septiembre.

Por otro lado, los planes de subsidio como “Vivir en casa”, que ofrece el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no llegan a compensar la caída de las jubilaciones. “El más alto es de $ 60.000”, explicó Semino. “Los únicos programas efectivos que se mantienen son los que se arman desde la comunidad”, agregó.

La Asociación Civil Años – Espacio Gerontovida, fundada por el defensor de la tercera edad, impulsa proyectos de organizaciones de diferentes localidades en el interior del país. En algunas de esas iniciativas los voluntarios lograron restaurar y hacer funcionar hogares comunitarios.

“Los pueblos chicos van siendo pueblos de viejos. Quedan jubilados que son todos de la mínima y están solos”, sintetizó el gerontólogo.