Cada vez más entidades ofrecen estas líneas de créditos para la vivienda. En los próximos días se sumarán dos bancos extranjeros y algunos locales

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La falta de fondos y el “no hay plata” que baja desde el gobierno de Javier Milei, afectan directamente la pérdida de empleo y la paralización de las obras de vivienda del programa Procrear y viviendas sociales en todo el país.

Con todo, la prioridad del Gobierno parece ser retomar y finalizar estas obras mediante acuerdos de transferencia de proyectos a las provincias.

Hasta la fecha, el Gobierno firmó 13 acuerdos con Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán para transferir obras públicas y culminar los Desarrollos Urbanísticos de Procrear y las viviendas sociales en el marco del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (FFVS). La Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, que depende de Rodrigo Aybar, suscribió acuerdos marco, involucrando a los entes ejecutores, representados por los gobernadores.

Inicialmente, el FFVS contaba con 1.200 convenios para la construcción de 49.200 viviendas, la mayoría paralizadas desde octubre o noviembre de 2023 debido a restricciones presupuestarias, con un avance del 32 por ciento. Ante la crisis económica y la falta de fondos, la administración Milei decidió priorizar el presupuesto existente e invitar a las provincias a cofinanciar para terminar las obras. El Ministerio de Economía autorizó a la Secretaría de Vivienda a cofinanciar conjuntamente con las provincias, comprometiéndolas a absorber el saldo de obra (deberán tratar de conseguir fondos privados o locales).

Dentro del fideicomiso Procrear, hay hoy 17.341 viviendas en ejecución, 3.520 lotes con servicios y 2.520 créditos a tasa cero, los cuales generaron una deuda de $60.000 millones en certificados de obra. Se proyecta un flujo de $1,3 billones para culminar estas viviendas, priorizando aquellas con mayor avance e infraestructura.

Para permitir colaboraciones con privados, provincias y municipios, el Gobierno propuso modificar el decreto original del Procrear. Esta medida busca finalizar las obras neutralizadas para auditar el fideicomiso, debido a la escasez de fondos disponibles para cubrir los compromisos previos, incluyendo los 2.520 créditos a tasa cero otorgados por la administración anterior.

De estos créditos otorgados, 1.855 personas recibieron los anticipos y están en condiciones de solicitar el primer desembolso. “A pesar de la situación complicada y la irresponsabilidad de la gestión anterior, se están buscando soluciones alternativas para ayudar a estas familias”, informaron desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

Desde este organismo habilitaron un e-mail para que los beneficiarios que aún no cobraron el segundo desembolso de los sorteos de 2022 de la línea Construcción de Procrear o todavía no percibieron pago alguno, pueden escribir a: procrear@minhabitat.gob.ar

Empresarios de la construcción y sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) reclamaron al Gobierno una política para reactivar la edificación de viviendas. En una reunión realizada en la Cámara de Diputados, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, presidida por Leandro Santoro, recibió a representantes de las cámaras empresarias, sindicalistas y organizaciones sociales para tratar la demanda de construcción y reforma de viviendas.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), explicó que todavía existe una deuda significativa de trabajos ejecutados en septiembre, octubre y noviembre del año pasado con la gestión en Economía de Sergio Massa. “Las facturas que vencieron en diciembre, enero y febrero siguen impagas. El problema no es solo que ahora hay obras que no se continúan, sino que además nos deben dinero de obra ejecutada y no pagada”, dijo el dirigente empresario.

Weiss destacó que la deuda acumulada lamentablemente no se indexa por inflación, lo que agrava la situación financiera de las empresas del segmento. “Debido a esta situación ya se perdieron 100.000 puestos de trabajo directos en el sector de la construcción”.

El presidente de la Camarco señaló que el gobierno tiene ejecutada una inversión en obras del orden de USD 6.000 millones, las cuales ya están pagas, pero no terminadas ni habilitadas al público. Esta situación representa un gasto sin beneficios para la sociedad, ya que las infraestructuras no pueden ser utilizadas.

A menos de un mes de que se cumpla un año desde que los primeros beneficiarios del Procrear línea Construcción recibieron su único desembolso, la incertidumbre y la angustia crecen entre quienes esperaban continuar la edificación. Hasta el momento, ni la Secretaría de Hábitat ni el Banco Hipotecario (fiduciario del programa) brindaron respuestas claras sobre el futuro del dinero pendiente del préstamo.

“Confiamos en este programa para lograr una vivienda propia y hoy estamos en una situación crítica. Muchos recurrimos a entidades bancarias en busca de créditos UVA, pero con nuestros terrenos hipotecados no podemos acceder a nuevas líneas de crédito para finalizar nuestras casas”, señaló Romina Nieva, que dejó a medio construir su hogar en Paraná, Entre Ríos, y está preocupada porque en noviembre debería empezar a pagar por su hipoteca.

En algunos casos, las obras sufrieron vandalismo al estar detenidas: robaron cajas de electricidad, materiales o causaron destrozos. Esta situación genera un impacto económico, además de inseguridad y frustración entre los beneficiarios.

“Es desesperante no saber qué pasará con nuestro dinero; hemos hecho sacrificios enormes y ahora estamos atrapados, ahogados en cuentas y pagando alquileres que superan nuestros sueldos”, amplió Nieva.

Los recortes fiscales afectan a 4.200 beneficiarios (cifra reconocida por el Gobierno) de la línea Construcción, distribuidos en todo el país.

En septiembre y octubre de 2023, recibieron con demora el anticipo del 30% del préstamo (unos 3.000.000 de los 10.000.000 totales).

Una fuente de una constructora privada que participó en reuniones con el gobierno sostuvo que, con el traspaso de las obras a las provincias, esta situación se revertiría en breve. “Las viviendas de los desarrollos urbanísticos se terminarán y se intentarán vender para que la gente las pague, no son gratis. Las obras de construcción deberían retomarse al menos antes de fin de año”, concluyó.