El acceso al sol, a la capacidad absorbente del suelo, la prevención de inundaciones, la mitigación del efecto “isla de calor” urbana y la preservación del patrimonio pasaron a un segundo plano o, con cierto cinismo, fueron usados como argumento para justificar normas que tenían la consecuencia opuesta.
La necesidad de financiar la infraestructura adicional que el aumento de volumen edificable iba a generar fue objeto de una ley de plusvalía, basada en antecedentes internacionales, aunque queda por verse que se haya traducido en las inversiones correspondientes.
La disrupción en la identidad barrial y la visión negativa que habían generado las construcciones en barrios como Caballito y Villa Urquiza se usaron como pretexto para justificar un cambio mucho más abrupto. El uso de una nomenclatura eufemística, donde una “unidad de sustentabilidad baja” es más sustentable que una alta hizo contradictoria y engañosa la lectura.
No es casual que algunos temas hayan acaparado la atención, como el lugar del bidet en 2018 o la vivienda del encargado en 2024: resultaban comprensibles y daban forma a un debate que podía parecer abstracto. La narrativa se justificó en el origen claramente autoritario del Código de Planeamiento Urbano de 1977, sin considerar las profundas modificaciones construidas con participación en décadas de democracia ni su origen en proyectos previos del mismo origen. No hubo, en cambio, el mismo cuestionamiento al capítulo de autopistas urbanas, ni a la delegación de facultades en la sociedad que las administra, en detrimento de la expansión de la red de Subtes.
A la votación en 2018 del código vigente le siguió un conflicto marcado por el aumento drástico en la capacidad constructiva al que dio lugar. Al principio menos visible por la pandemia, fue generando reacciones de agrupaciones en los barrios, primero en Belgrano y Núñez, que lograron una modificación parcial, luego en un conjunto de barrios, como Chacarita, Colegiales, Villa del Parque, Devoto y Floresta entre otros. También a reivindicaciones por el acceso a la vivienda, espacios verdes y mayor acceso frente costero.
El actual Jefe de Gobierno se hizo eco de la necesidad de una reforma que respetara el carácter de los barrios. La propuesta actual, en curso de tratamiento, toma parcialmente estos reclamos pero introduce nuevos cambios, potencialmente conflictivos también. Se combina, inclusive, con ventas de tierras públicas nacionales, basada en un decreto de necesidad y urgencia de 2012, combinada con la asignación de norma urbanística en el ámbito local.
El debate sobre el código es una radiografía de la política en la ciudad. Es técnico, pero también ideológico, más allá de los atajos narrativos. Siempre es posible encontrar los votos para aprobar una ley, el tema es que sea capaz de superar un conflicto y salir de la precariedad actual.
Una de las lecciones, y un efecto colateral positivo, es la riqueza de argumentos desarrollados desde los barrios, en las distintas comunas, el intercambio técnico y político generado, la materia fértil para decisiones de fondo y con proyección de futuro. El desafío es poder aprovecharlo.
Andrés Borthagaray es arquitecto. Presidente de la Fundación Furban
