Tejido urbano participó de la jornada de Acceso al hábitat y la vivienda: Foco imprescindible de la democracia argentina futura, organizada por CIPPEC
En 2023, se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. La iniciativa Democracia 40 (#40D), que impulsa CIPPEC, tiene por objetivo celebrar este logro, pero sin olvidar las asignaturas pendientes. Entre ellas, menciona CIPPEC, garantizar el acceso al hábitat y la vivienda a todas las personas que habitan en el país.
En este marco, el pasado 15 de diciembre se realizó una jornada que intentó la construcción de consensos y la identificación de acciones abordables en materia de hábitat, vivienda y suelo.
A la reunión asistieron más de 20 referentes del sector público, la sociedad civil, la academia, sindicatos, sector privado y la cooperación internacional para dialogar sobre los desafíos y las oportunidades que se presentan en torno a esta problemática. Por la fundación Tejido Urbano concurrió su Director Ejecutivo Fernando Alvarez de Celis.
Como inició de la jornada desde CIPPEC se presentaron algunos datos sobre la situación actual. Así, se expuso que en Argentina, al menos cuatro millones de hogares que no acceden a una vivienda adecuada. Esto significa que el 25% de los hogares no gozan de un derecho humano reconocido por pactos internacionales y por nuestra Constitución Nacional. El propio CIPPEC pone en crisis esta cifra, María Mercedes Di Virgilio, investigadora del CONICET que acompaña el proyecto 40D–, enfatizó que esta realidad alcanza a más de seis millones de hogares, ya que contar con una vivienda adecuada es más que tener un “lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”.
La problemática, además, afecta a todos los segmentos de la población, aunque de forma diferenciada. Considerando a los sectores vulnerables, de acuerdo al Registro Nacional de Barrio Populares, más de un millón de familias viven en villas o asentamientos a lo largo y ancho del país. En cada barrio popular inscripto, más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo y no accede de forma regular a más de dos servicios básicos. Asimismo, el 75% de los hogares que no logra acceder a una vivienda adecuada. La ley 27.453, que creó el RENABAP en 2018, fue votada por unanimidad, por lo que el registro constituyó un hito en la política sectorial a partir del apoyo de gran parte del espectro político.
En relación a los sectores medios y medios-bajos, las mediciones evidencian que tienen necesidades de ampliación y mejoras. Entre las carencias más acuciantes se destaca que el 44,3 % de los hogares no accede al menos aun servicio básico (agua, gas, cloacas) y que dos millones de hogares atraviesan una situación de tenencia irregular de la vivienda.
Entre las principales conclusiones elaboradas por el colectivo participante, se definió como prioridad avanzar inequívocamente en la integración socio urbana de barrios populares. Asimismo, se enfatizó que la gestión de políticas de vivienda y hábitat requiere de suelo regulado y ordenado para garantizar el acceso a los servicios básicos y los servicios urbanos. En muchos casos, sin una planificación territorial adecuada. Esto da lugar a ciudades de baja densidad, sin la infraestructura ni la conectividad necesarias para garantizar el acceso a la ciudad por parte de toda la ciudadanía.
Se destacó que al día de hoy, no existe una ley de ordenamiento territorial nacional y apenas cinco provincias cuentan con este tipo de normativa a nivel subnacional. Del mismo modo, son pocos los municipios que cuentan con las herramientas actualizadas para abordar la problemática de forma integral. El acceso al hábitat y la vivienda adecuada es una problemática que tiene causas múltiples y un entramado de actores e intereses que transforman las respuestas sectoriales en un desafío sumamente complejo. En términos de política habitacional, las competencias se encuentran atomizadas: en distinta medida, intervienen más de 1.100 municipios, 24 provincias, tres ministerios de la Nación, esferas que por lo general trabajan de forma desarticulada sobre algunas aristas de esta realidad.
A su vez se destacó que esta problemática está atravesada por los problemas macroeconómicos que afectan particularmente al mercado de suelo y de vivienda en nuestro país, donde tradicionalmente “el ladrillo” sirvió de reserva de valor de los y las ahorristas. A pesar de no contar con datos certeros correspondientes a cada región del país, sabemos que el valor del suelo crece en pesos a un ritmo superior al de los salarios.
En este contexto, es necesario desarrollar una estrategia y políticas que puedan ser adoptadas de forma masiva en todo el país, teniendo la certeza de que, para generar condiciones que permitan soluciones, debemos contar con herramientas que nos permitan planificar, regular y fomentar buenas prácticas que se centren en los territorios. Para lograrlo, es imperioso que se trabaje en generar consensos y acuerdos para los próximos 40 años, comenzando por los próximos cuatro.
