“Las relaciones intergubernamentales son una gran oportunidad: en plena crisis, la articulación entre municipios es la forma más apropiada de multiplicar efectos positivos.”
La capacidad administrativa de los Gobiernos locales es conducida hacia el COVID-19.
Por Julia Farías¹
Los días de aislamiento han acentuado desigualdades y puesto en jaque la capacidad de respuesta del Estado. En este contexto, el gobierno local emerge a modo de responsable –principalmente aquel que condensa áreas metropolitanas²–. Es preciso preguntarse qué antiguas dificultades resalta la pandemia y qué nuevos desafíos impone a las capacidades estatales, administrativas y políticas de los gobiernos locales.
La capacidad administrativa de los gobiernos locales es conducida hacia el COVID-19. Los recursos económicos entran en disputa; es momento de reasignar y dirigir fondos fiscales que enfrentan un desequilibrio debido a las consecuencias económicas de bajos ingresos públicos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
A nivel sanitario, los gobiernos locales debieron jerarquizar el sistema teniendo íntegra responsabilidad en el nivel de atención primaria. En este grado se valorizan programas de promoción de la salud, ya que los promotores de salud se vuelven estratégicos para el seguimiento de casos y los operativos de detección. Asimismo, adecuar ediliciamente los centros de atención supuso la ampliación y/o reorganización de la infraestructura y el equipamiento sanitario, de la capacidad hospitalaria y del recurso humano.
En la esfera social, incurren en mayores dispendios para la población en riesgo. La atención de la pobreza preexistente y naciente (los nuevos pobres que carecen de ingresos fijos y de ahorro para solventar la inactividad) y la contención de adultos mayores implican entrega de alimentos casa por casa, fortalecimiento de comedores y nuevas estrategias para el sostenimiento de la economía popular. Por otra parte, el aumento en la violencia de género e intrafamiliar desafía las políticas locales de niñez, familia, mujeres y diversidades.
En términos de modernización, hay una avanzada obligada hacia el gobierno digital. Los servicios públicos deben ser acondicionados en formas remotas de atención ciudadana; por ejemplo, se crean aplicaciones o nuevas secciones en webs municipales. Vencer la brecha digital define desde la administración municipal hasta el acceso de la población a la educación y el trabajo.
Mejorar medios digitales es el objetivo comunicacional; estos son la respuesta a cómo mantener la gobernanza para favorecer el gobierno democrático, con rendición de cuentas e información para la ciudadanía. La gestión y comunicación de crisis tienen que tener en cuenta cómo y qué informa el Gobierno, pero sobre todo qué demandas es capaz de absorber vía virtual.
Otro rol a destacar es el poder de control y fiscalización. Por un lado, el control del cumplimiento del ASPO: uso de barbijo, distancias permitidas, control de la movilidad urbana, incluso la verificación de precios en comercios. Además, preocupa el avance delictivo de esta etapa: ¿cómo cubrir la seguridad? ¿Las provincias pueden asumir los costos negativos, cuando los culpables públicamente son los intendentes?
Por último, el ASPO limita la vida cotidiana a actividades esenciales de cercanía, y el coronavirus precisa de mecanismos de prevención básicos. Aquí deja en evidencia el desigual entramado urbano de los municipios de mayor concentración de habitantes; la descentralización de actividades es una cuenta pendiente.
La autoproducción de ciudad creció más rápidamente que la ciudad planificada, y muchos servicios quedan deficientes para una época en la que el derecho a la vivienda y a la ciudad son la primera línea de defensa contra el coronavirus. En la ciudad informal el conocimiento del territorio y las intervenciones urbanas realizadas son preponderantes; un Estado local que haya sostenido políticas públicas de hábitat responde más sólidamente ante la pandemia.
Los desafíos urbanos abren el abanico de capacidades políticas, es decir, la posibilidad de problematizar las demandas más allá de la dotación de recursos que pueda movilizar administrativamente el gobierno local. Muestran las relaciones que este puede establecer con diferentes actores para dar pelea a la pandemia.
La cooperación con el sector privado permite alistar recursos para apoyar la cuarentena (donaciones, acuerdos para disponibilidad de camas, compras de insumos). Las organizaciones de la sociedad civil y de voluntarios colaboran como recurso humano o brindando información importante para intervenciones territoriales.
Las relaciones intergubernamentales son una gran oportunidad: en plena crisis, la articulación entre municipios es la forma más apropiada de multiplicar efectos positivos³. Nuestro país carece de sólidos mecanismos de coordinación interjurisdiccional supramunicipal e intermunicipal; entonces, la incógnita es: ¿qué tipo de relaciones intergubernamentales podrán establecer?
Para finalizar, los momentos de incertidumbre develan oportunidades. Hoy los gobiernos municipales se han visto obligados a ampliar y profundizar capacidades, pero resta pensar en los efectos a futuro. Tienen la obligación de poner en foco la desigualdad fiscal del municipalismo argentino y contrarrestar los procesos de recentralización vividos4. Inevitablemente tendrán que abogar por basar la agenda local en el hábitat; urbanizando y descentralizando al ofrecer suelo urbano, interviniendo en barrios populares, creando parques industriales y fuentes de trabajo.
La importancia de los gobiernos locales radica en la gestión territorial, es el as que poseen los municipios para empoderarse. La preexistencia de programas locales descentralizados en el territorio brinda conocimiento, que aporta gran valor para afrontar crisis y posicionarse frente a otros niveles gubernamentales.
