"Si hacemos referencia a ‘habitar la calle’ como consecuencia de la pandemia, no podemos olvidar a los ‘recién llegados’. Personas solas y familias enteras que se encontraban ya en la ‘cuerda floja’ –en términos tanto habitacionales como sociales y laborales– y que hoy encontraron en el espacio público su nuevo –y único– lugar de residencia."
Hubo un sector de la población que no pudo cumplir con las exigencias del decreto presidencial del 20 de marzo: las personas solas, ancianos, jóvenes y familias que habitan de manera cotidiana en el espacio público y que dependen del circuito asistencial para subsistir.
Por Paula C. Rosa¹
Como sabemos, y vivimos, el 20 de marzo, a través de un decreto presidencial, se impuso el aislamiento obligatorio al total de la población argentina frente a la propagación del COVID-19. Esto implicó que todos tuvimos que permanecer en nuestros domicilios sin tener la posibilidad de circular por la vía pública, salvo excepciones puntuales. Sin embargo, hubo un sector de la población que no pudo cumplir estas exigencias y cuidados: las personas solas, ancianos, jóvenes y familias que habitan de manera cotidiana en el espacio público y que dependen del circuito asistencial para subsistir². A pesar del decreto y de todas las medidas, continuaron durmiendo en sus colchones en las calles y veredas, siguieron buscando alimentos en los basureros y esperando alguna moneda para proveerse de algo que comer en una ciudad en la cual los habituales transeúntes ya no salían, y los pocos que lo hacían iban con prisa, barbijos y máscaras.
Su ya ardua vida se complejizó: están expuestos al contagio de manera permanente, no poseen las condiciones para llevar una higiene adecuada, y tampoco cuentan con las medidas precautorias como el uso de barbijos o el constante alcohol en gel. Son una población en riesgo porque por la propia vida de años a la intemperie muchos tienen enfermedades preexistentes (pulmonares, coronarias, diabetes, lesiones en la piel, etc.) y deterioro físico, y también una gran cantidad de ellos son mayores de 65 años. Sumado a lo anterior, varios centros de atención asistencial han cerrado de manera preventiva o han acotado sus horarios de atención o la cantidad de población a la que pueden asistir. Los alojamientos están colmados y no cuentan con la posibilidad de hacer nuevos ingresos³. Esto es un grave problema cuando se depende de estos lugares para las primeras necesidades, como comer o dormir.
El riesgo de la vida a la intemperie también se agravó en estos tiempos por actos de violencia perpetrados a estas personas. Son expulsados, intimidados de manera tanto física como verbal, les arrojan sus pertenencias, y también son objeto de situaciones más extremas como recibir golpizas y hasta ser incendiados, provocándoles la muerte. Son usualmente blanco de estigmatizaciones, pero en este contexto de controles en la vía pública y desconfianzas multiplicadas se constituyeron en una “amenaza” latente.
Si hacemos referencia a “habitar la calle” como consecuencia de la pandemia, no podemos olvidar a los “recién llegados”. Personas solas y familias enteras que se encontraban ya en la “cuerda floja” –en términos tanto habitacionales como sociales y laborales– y que hoy encontraron en el espacio público su nuevo –y único– lugar de residencia.
Al transitar las calles de la ciudad es posible observar cada vez más espacios convertidos en refugios para pasar la noche, personas adultas y niños pidiendo comida, familias enteras con sus muebles en la vereda por ser recientes desalojados, personas que no pudieron seguir pagando el alquiler de un cuarto de hotel que circulan con bolsos y mochilas repletas, largas colas para ingresar en comedores y grupos haciendo filas en plazas a la espera de una vianda.
En este contexto, en donde estas situaciones se ven multiplicadas día a día, nos preguntamos: ¿qué pasará con los “habituales” habitantes de la calle en las próximas semanas? ¿Qué sucederá con los “recién llegados”? ¿Seguirán aumentando? ¿Serán parte permanente de esta situación?
Si no comenzamos a planificar ciudades y políticas públicas más incluyentes, colaborativas y contenedoras, en donde el derecho a la vivienda prime por sobre otros, solo se agravará lo existente, perpetuando la exclusión de miles.
