“La crisis sanitaria pone una vez más en cuestión (como cientos de veces) a las políticas urbanas vigentes, alejadas de la producción social de la ciudad, y obliga a correr los límites.”
Proceso de aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la PBA, 2012.
Por Florencia Almansi¹
Hay mucho que aprender de los sectores y los distritos de las áreas metropolitanas que están enfrentando la crisis sanitaria juntos para atender la otra crisis, la habitacional. También hay mucho que aprender de los procesos de construcción colectiva del hábitat, que son los que en esta pandemia demostraron ser capaces de sostener la crisis social que sacude a las ciudades y, sobre todo, a las ciudades dentro de las ciudades, que luchan por el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable.
En Argentina, el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) contabilizó 4400 barrios populares en el país, con más de 4 millones de habitantes viviendo en condiciones informales y sin servicios básicos.
La crisis sanitaria pone una vez más en cuestión (como cientos de veces) a las políticas urbanas vigentes, alejadas de la producción social de la ciudad, y obliga a correr los límites. ¿Para cuándo planificar, gestionar y producir las ciudades conjuntamente en un marco participativo, en vez de utilizar los procesos participativos solo como complementos, y así seguir pensando la ciudad alejada del territorio? ¿Para cuándo la construcción de una gestión democrática de la política urbana, a fin de alcanzar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo?
Quiero traer el ejemplo de dos procesos que empezaron a correr los límites –sé que que hay innumerable cantidad de ellos, pero particularmente en estos estuve y estoy involucrada como militante del hábitat popular–. Dos procesos de escalas y marco de gestión de política pública distintos, pero que de igual manera muestran el poder de la construcción colectiva para hacer sustentable la producción de las ciudades.
En los dos casos la representatividad de todos los sectores involucrados con el hábitat popular está presente y en dirección hacia una ciudad pensada y construida colectivamente. Aunque pueda sonar inocente, y no lo es, en los dos procesos no hay jerarquía; sí hay horizontalidad como concepción.
Los dos ejemplos comparten la noción de que la ciudad se construye a partir de las demandas concretas en el territorio (y no despojada de conflicto), junto con la perspectiva de actores gubernamentales y no gubernamentales que participan del ámbito de intervención. Y en ambos casos la promulgación de las leyes que los reglamentan no bastó para avanzar, sino que fue la acción colectiva la herramienta para mover la acción, y al mismo tiempo fue y es la observadora alerta del proceso de transformación.
El impacto de ambos procesos obligó y obliga a una readecuación institucional constante de los organismos de Gobierno, y a la reconfiguración del entramado de actores sociales, para atender la complejidad y para desafiar las viejas y tradicionales prácticas de las políticas públicas.
¿Y cómo se logra? Sabemos que hay innumerables factores que coexisten, pero quiero resaltar cuatro que entiendo fundamentales en estos dos casos: a) se habilita información pública; b) se planifican y monitorean los procesos; c) se cogestiona mediante el consenso, y d) se aporta desde todos los saberes.
El primer ejemplo es el proceso de reurbanización de Villa 20 en Lugano², donde la participación es el eje estructurante que habilita la planificación, el debate y el consenso, en el marco de la mesa integrada por los diferentes sectores sociales y el Gobierno. “La participación se estructura a partir de un conjunto de dispositivos que permiten fortalecer redes de articulación interactoral en diferentes niveles de complejidad. Estos espacios o dispositivos son modificados y adaptados constantemente, con el objetivo de generar procesos de diálogo y toma de decisiones conjunta por parte de todos los actores involucrados, y garantizar el ejercicio de los derechos, la transparencia y la sostenibilidad de los procesos en el corto, mediano y largo plazo”.
El segundo ejemplo es el proceso de construcción de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires. “La ley establece herramientas y mecanismos que permiten fortalecer la capacidad del Estado provincial y municipal y de las organizaciones sociales, para intervenir activamente en la promoción de políticas de hábitat transformando los factores que históricamente han generado exclusión social y deterioro ambiental”. Especialmente resalto el reciente Observatorio de la ley³ creado con información colectiva desde la asociación civil Madre Tierra, porque constituye “una plataforma de información permanente que se propone favorecer la divulgación y monitoreo de la implementación [de la ley], analizando los impactos que produce en las políticas territoriales, en la capacidad de gestión de los Gobiernos provinciales, municipales y en las organizaciones sociales”.
Es imposible explicar en estos párrafos los dos procesos. La intención es presentarlos y remitirlos a la información que los describe y analiza, y decirles que, estando involucrada en ambos, no cabe duda de que la política urbana tiene que correr los límites para alcanzar la meta. Una referente y amiga de Villa 20 lo explica así: “a veces ustedes no tienen ni idea de cómo cambió mi vida y la de mis hijos tener mi casa”.
