"Más que nunca se hace ostensible que la vivienda es un derecho elemental –que no puede estar sujeto a la capacidad de pago– y que, como tal, requiere de fuertes regulaciones y de un replanteo del rol de activo financiero que actualmente le atribuye el mercado inmobiliario.”
Al comienzo de la crisis del COVID-19, los afectados se concentraban en los sectores de mayores ingresos, pero rápidamente se revirtió esta tendencia y ahora son los sectores populares los que sufren la mayor parte de los contagios.
Por Pablo Vitale¹
Probablemente en algunos meses más el coronavirus sea una amenaza equivalente a otras enfermedades con las que convivimos en tiempos de normalidad. Tal vez, entonces, esta crisis de dimensiones globales y sin precedentes recientes no nos haga sociedades mejores ni peores, y desaprovechemos lo evidentes que se volvieron algunos de los gravísimos problemas que tiene esa normalidad a la que volveremos.
Al inicio de la pandemia pareció que el virus democratizaba el riesgo, e incluso en Argentina los primeros afectados se verificaron entre los sectores de más altos ingresos. Esa tendencia se revirtió rápidamente y actualmente a nadie le resulta extraño que, una vez más, son los sectores populares los que están más expuestos al COVID y a las consecuencias sociales, sanitarias y económicas del aislamiento. La desigualdad estructural y sus efectos se vuelven dramáticamente evidentes como obstáculos para cumplir con las medidas de prevención: el deficitario acceso al agua y a los servicios públicos, las malas condiciones habitacionales y el hacinamiento, además de la necesidad de circular diariamente para alimentarse (en comedores o trabajos muchas veces precarios). Todo ello genera condiciones de enorme exposición al virus y explica la vertiginosa expansión de los contagios en villas y asentamientos, o en paradores de personas en situación de calle.
Esos emergentes tienen como denominador común algo también evidente: para prevenir contagios y quedarse en casa, hay que tener una y tiene que ser adecuada. Pero en nuestras ciudades las condiciones habitacionales empeoran: villas y asentamientos duplican su población entre cada período intercensal, e incluso en aquellas en las que se desarrollan procesos de reurbanización persisten condiciones habitacionales y de infraestructura deficitarias. La precariedad en la seguridad en la tenencia de las viviendas se amplía también en la ciudad formal, por ejemplo, en los obstáculos para alquilar o en los procesos de desplazamiento por efectos de mercado, en un contexto en el que la inversión pública contribuye a valorizar ciertas áreas y reforzar esas tendencias. Estas lógicas de desarrollo de nuestras ciudades deberían impugnarse radicalmente en el contexto de crisis del COVID. Más que nunca se hace ostensible que la vivienda es un derecho elemental –que no puede estar sujeto a la capacidad de pago– y que, como tal, requiere de fuertes regulaciones y de un replanteo del rol de activo financiero que actualmente le atribuye el mercado inmobiliario.
Resulta obvio que los derechos a la salud y a la educación tienen que ser proactiva y universalmente garantizados por el Estado, y que la regulación de las prestaciones privadas de estos servicios es indelegable para asegurar estándares adecuados. El acceso a la vivienda, en cambio, parece asociarse a la responsabilidad individual, sin demasiadas alternativas a su mercantilización.
Hace tiempo proponíamos una imagen para hacer gráfica esta situación: nos parecería aberrante el ahorro en bienes de primera necesidad o vacunas en un contexto de epidemia, pero naturalizamos el resguardo financiero en bienes inmuebles, en un contexto de déficit habitacional. No sospechábamos la intensidad que tomaría la analogía y la centralidad de la vivienda para sortear los riesgos de contagio. Por estos días, el acaparamiento de alcohol en gel por parte de una cadena de farmacias, o el negociado a partir de la escasez de barbijos, suscitaron repudios mediáticos y sociales. Paralelamente, en algunos noticieros se sucedían la cobertura de los contagios en villas por las malas condiciones habitacionales o entre la población en situación de calle, con notas sobre los hoteles vacíos por la cuarentena; en ningún caso se advertía la dramática paradoja.
La actual crisis debería llevarnos a replantear prioridades; la centralidad del derecho a la vivienda y el hábitat por sobre los usos especulativos del suelo y los inmuebles, y un ordenamiento territorial sustentable y adecuado, son claves para la agenda pública de la pospandemia y deudas históricas con los sectores populares urbanos. Que la consigna “ni casas sin gente, ni gente sin casas” empiece a transformarse en políticas públicas sería un saldo lógico y deseable de estos días de crisis sanitaria.
